Los programas de vivienda, los desarrolladores y los funcionarios están demostrando que pueden hacer una diferencia en la lucha contra la falta de vivienda. Según la National Alliance to End Homelessness (Alianza Nacional para Acabar con la Falta de Vivienda), aunque el número de personas que sufren de falta de vivienda ha aumentado en los últimos tres años, en general dicho número se ha reducido en un 12 % desde 2007. El conteo más reciente correspondiente a un momento determinado realizado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) calcula que 567,715 personas carecían de hogar en Estados Unidos en una noche de enero de 2019.[1]

El número de personas sin hogar se redujo incluso a medida que los costos de las viviendas aumentaron y los ingresos se estancaron, especialmente en el caso de los trabajadores de muy bajos ingresos, quienes se encuentran entre las personas más vulnerables a la falta de vivienda. “(A menudo) se trata de personas que trabajan en las industrias de servicios”, menciona Ryan Moser, vicepresidente de estrategia e innovaciones de Corporation for Supportive Housing (CSH).

La asequibilidad sigue siendo un desafío

“Algunas personas dan por hecho que todas las personas sin hogar son adictas o tienen problemas de salud mental”, menciona Deborah VanAmerongen, asesora de política estratégica del grupo de práctica de vivienda asequible del despacho jurídico Nixon Peabody, con sede en la ciudad de Nueva York. “Hay un número apabullante de personas sin hogar que simplemente no pueden pagar una vivienda…lo que incluye a un gran número de familias con hijos”. 

Según la National Low Income Housing Coalition (Coalición Nacional para la Vivienda de Bajos Ingresos, o NLIHC), hay menos de cuatro hogares asequibles disponibles por cada 10 inquilinos cuyos ingresos son extremadamente bajos. Eso representa la falta de 7 millones de unidades de vivienda asequible para dichos inquilinos.[2]

“Ocho millones de los inquilinos con ingresos más bajos destinaron cuando menos la mitad de sus limitados ingresos al alquiler, lo que los dejó en una situación de emergencia financiera muy próxima al desalojo y, en casos peores, en una condición de falta de vivienda”, menciona Diane Yentel, presidenta y directora ejecutiva de NLIHC.

Enfrentar nuevos desafíos

En el caso de muchos inquilinos, dicha emergencia puede haberse presentado en la crisis del coronavirus, incluso si la economía estadounidense se recupera relativamente rápido. La tasa de desempleo disminuyó al 13.3 % a finales de mayo de 2020, lo que supone una reducción con respecto al 14.7 % observado a finales de abril.[3] Por ahora, millones de personas desempleadas reciben mejores beneficios de desempleo y en muchas áreas cuentan con la protección de las moratorias para desalojos, pero es improbable que dichas protecciones se prolonguen más allá del verano, según la NLIHC.

Los defensores de la vivienda asequible advierten que el gobierno federal deberá actuar con rapidez para evitar que muchos de estos estadounidenses se queden sin hogar.

Without a significant federal intervention, a wave of evictions and a spike in homelessness will devastate individuals, communities, and our economy.
— Diane Yentel, NLIHC president and CEO

La Disaster Housing Recovery Coalition (Coalición para la Recuperación de la Vivienda Ante Desastres) dirigida por NLIHC pide una ronda adicional de apoyo federal para la economía, lo que incluye $11,500 millones para atender las necesidades de las personas sin hogar, $100,000 millones en asistencia para alquiler de emergencia, y una moratoria nacional uniforme para desalojos y ejecuciones hipotecarias.[4]

Ayudar a las personas que se quedaron temporalmente sin hogar

Muchas familias trabajadoras que se quedan sin hogar son capaces de resolver su situación por su cuenta y encontrar viviendas asequibles. “Es importante recordar que muchas personas pertenecientes al sistema de personas sin hogar trabajan a tiempo completo”, menciona Moser. “Ellos cuentan con ciertos recursos financieros y cierta capacidad para arreglárselas en los sistemas”.

Algunos administradores de viviendas asequibles han acelerado este proceso al asociarse con organizaciones para personas sin hogar y con el sistema de albergues para encontrar residentes potenciales. Los funcionarios de vivienda actualmente fomentan activamente este tipo de cooperación en un número cada vez mayor de estados. Por ejemplo, en Florida los desarrolladores que buscan obtener créditos fiscales para viviendas de bajos ingresos (LIHTC) deben comprobar la forma en que su desarrollo planificado “se involucra o se involucrará en la red de recursos locales para personas sin hogar para obtener una comprensión total con respecto a los problemas de falta de vivienda y a las necesidades de vivienda de la comunidad”, con el fin de ganar hasta 15 puntos en la competencia de LIHTC.

Enfoques holísticos

Las personas que se quedan sin hogar por motivos meramente económicos a menudo se enfrentan a un nuevo conjunto de problemas una vez que finalmente encuentran una vivienda. Es posible que hayan perdido sus pertenencias o el acceso a relaciones y sistemas de apoyo importantes, que van desde el sistema escolar de sus hijos hasta un refrigerador que funcione para guardar medicamentos. “Los desalojos son sumamente traumatizantes”, menciona Moser.

Las personas que se han quedado sin hogar, incluso durante un periodo breve, se pueden recuperar con mayor rapidez si cuentan con apoyo, desde atención médica y cuidado infantil hasta el asesoramiento en temas de crédito. CSH se asoció con varios desarrolladores e inversionistas de viviendas asequibles para crear su Strong Families Fund, el cual paga para ofrecer a las propiedades de vivienda asequible la coordinación de servicios que pueden poner en contacto a los residentes con recursos como estos. 

“No existe una solución universal”, menciona Van Amerogen. “Se deben destinar recursos por adelantado para asegurar que las personas sean dirigidas al entorno adecuado”.