El 27 de marzo de 2020 se promulgó la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES), “la Ley”.[1] La Ley ofrece asistencia generalizada y sin precedentes para personas, pequeñas empresas y otros que se vieron afectados por la emergencia del coronavirus (COVID-19) en curso. Esta alerta ofrece un panorama general de cierta asistencia que la Ley proporciona a las personas. Tu equipo de PNC está disponible para discutir este resumen contigo, junto con tu asesor de impuestos y tu asesor legal, para considerar cómo la Ley puede afectarte.

Pagos directos a los contribuyentes

La Ley establece pagos directos para personas elegibles de hasta $1,200 por persona (hasta $2,400 para contribuyentes que presentan una declaración de impuestos conjunta) más $500 por niño que califica.[2] Un niño que califica es:

  • un niño del contribuyente que no haya alcanzado los 17 años de edad;
  • quien sea ciudadano o residente no ciudadano de los Estados Unidos;
  • quien tiene el mismo lugar de residencia principal que el contribuyente durante más de la mitad de un año fiscal;
  • quien no haya proporcionado más de la mitad del sustento de dicha persona durante el año calendario en el cual comience el año fiscal del contribuyente, y
  • quien no haya presentado una declaración de impuestos conjunta (que no sea solo para un reclamo de reembolso) con el cónyuge del niño.[3]

El monto de pago actual se reduce gradualmente (pero no por debajo de cero) en un 5 % del monto de los ingresos brutos ajustados del contribuyente (AGI) cuando exceda ciertos montos: (1) $150,000 en el caso de los contribuyentes que presentan una declaración de impuestos conjunta, (2) $112,500 en el caso de un contribuyente que hace una presentación como jefe/a de familia y (3) $75,000 en el caso de cualquier otro contribuyente.[4] La siguiente tabla muestra la reducción gradual.

Ejemplo de reducción gradual de ciertos montos de pagos: contribuyentes conjuntos (sin niños)

AGI Pago
$150,000 $2,400
$160,000 $1,900
$170,000 $1,400
$180,000 $900
$190,000 $400
$198,000 $0

Ejemplo de reducción gradual de ciertos montos de pago: contribuyentes individuales (sin niños)

AGI Pago
$75,000 $1,200
$85,000 $700
$95,000 $200
$99,000 $0

Fuente: Ley art. 2201, agregando IRC art. 6428(c). 

No son elegibles para recibir un pago: (1) cualquier persona extranjera no residente, (2) cualquier persona con respecto a quien una deducción como dependiente se permite a otro contribuyente para un año fiscal que comienza en el año calendario en el que comienza el año fiscal de la persona, y (3) un patrimonio hereditario o fideicomiso.[5]

El pago directo actual es, en realidad, un anticipo de crédito de impuestos reembolsable para el año fiscal 2020 de un contribuyente, aunque el Servicio de Impuestos Internos (IRS) determinará la elegibilidad sobre la base de las declaraciones de impuestos de ingresos de 2019 o 2018 del contribuyente, u otros documentos para los contribuyentes que no presentan estas declaraciones. Si el pago supera el impuesto para 2020, se tratará como un sobrepago del impuesto, salvo que no se deberá pagar intereses sobre esto.[6]

Planes de jubilación

Exención de las distribuciones mínimas requeridas para 2020

Generalmente, las personas que llegaron a los 70 años y medio de edad en el año calendario 2019 y los años anteriores[7] deben retirar la distribución mínima requerida de sus planes de jubilación e IRA cada año.[8]

La Ley establece que las personas no tienen que tomar una distribución mínima requerida (RMD) que de otro modo deberían tomar en el año calendario 2020 de planes de jubilación calificados, planes de contribuciones definidas según el Código de Ingresos Internos (IRC) sección 403(a) o 403(b), y planes de compensación diferida elegibles, según el IRC sección 457(b) (excluidos los que son administrados por entidades exentas de impuestos).

Las personas que han tomado una parte o la totalidad de una RDM antes de que la Ley haya sido promulgada pueden solicitar si dicha distribución puede ser devuelta al plan o IRA.

Las distribuciones que hubiesen sido distribuciones mínimas requeridas (RMD) en 2020 de no ser por la Ley CARES (RMD de 2020) se pueden transferir a una cuenta IRA o un plan calificado (si se cumple con todos los demás requerimientos, por ejemplo, se puede realizar una transferencia a un plan calificado únicamente si el plan calificado permite que se realicen transferencias al plan) a más tardar el 31 de agosto de 2020. Además, debes tener en cuenta que, para las RMD de 2020, se ha eximido la regla que permite transferencias solo una vez por periodo de 12 meses con respecto a las transferencias a las cuentas IRA. Aunque originalmente no se permitía, el IRS ha ampliado la disponibilidad de transferir las RMD de 2020 a beneficiarios de cuentas IRA heredadas que no sean cónyuges supervivientes.[9] Las RMD de 2020 no deseadas que no sean devueltas a más tardar en el plazo extendido del 31 de agosto de 2020, están sujetas a los requerimientos normales de transferencia, es decir, el periodo de 60 días en el caso de las transferencias indirectas, la regla de una vez por periodo de 12 meses en el caso de las cuentas IRA, y la prohibición de las transferencias por parte de los beneficiarios que no sean cónyuges de cuentas IRA heredadas.

En general, la fecha de inicio requerida (RBD) para tomar una RMD es el 1ro de abril del año calendario siguiente al año calendario en que el empleado cumple 72 años de edad [70 años y medio para los contribuyentes que alcanzaron la edad de 70 años y medio en 2019 o en años anteriores], o el año calendario en que se jubila el empleado, lo que ocurra más tarde. La RBD para una persona que alcanzó los 70 años y medio de edad en 2019 es el 1ro de abril de 2020.[10] Si una persona que alcanza los 70 años y medio de edad en 2019 no tomó la primera RMD en ese año calendario, no se requiere que esta persona tome esa RMD antes del 1ro de abril de 2020.[11]

Retiros anticipados sin penalidad a causa de la emergencia de COVID-19

Las personas podrían ser elegibles para retirar hasta $100,000 en total de los planes de jubilación elegibles como una distribución relacionada con el coronavirus.[12] Una distribución relacionada con el coronavirus no está sujeta a la penalidad por retiro anticipado del 10 %.[13] La distribución tampoco está sujeta al retiro obligatorio del 20 % sobre las distribuciones de transferencia de fondos entre planes de jubilación (rollover) elegibles.[14] Además, salvo que el contribuyente elija lo contrario, las distribuciones relacionadas con el coronavirus (para cualquier año) estarán incluidas en los ingresos del contribuyente imponibles de manera proporcional durante tres años comenzando con el año en que se realiza la distribución relacionada con el coronavirus, y de este modo se extiende la responsabilidad de impuestos por el monto distribuido durante tres años.[15] Además, las distribuciones relacionadas con el coronavirus no están sujetas a los requerimientos de transferencia de fideicomisario a fideicomisario y los requerimientos de retiros.[16]

Durante los tres años posteriores a que el contribuyente reciba una distribución relacionada con el coronavirus, la distribución se puede amortizar a un plan calificado o IRA. Para los planes que no son IRA, el monto total para amortizar no debe superar el monto total de la distribución relacionada con el coronavirus hecha desde un plan y debe ser hecha por personas que sean elegibles para realizar contribuciones a un plan.

En ese caso, la distribución relacionada con el coronavirus es tratada como una distribución de transferencia de fondos entre planes de jubilación (rollover) elegible y luego como una transferencia directa de fideicomisario a fideicomisario dentro de los 60 días posteriores a la distribución. Para las IRA, si el monto se amortiza, la distribución original es tratada como una distribución que fue transferida dentro de los 60 días y como una transferencia directa de fideicomisario a fideicomisario dentro de los 60 días posteriores a la distribución.[17]

El IRS ha publicado directrices que incluyen ejemplos sobre la presentación de declaraciones con respecto a la devolución de las distribuciones relacionadas con el coronavirus.[18]

Una “distribución relacionada con el coronavirus” se refiere a cualquier distribución de un plan de jubilación elegible hasta el límite anual de $100,000 realizada:

  • a partir del 1ro de enero de 2020, y antes del 31 de diciembre de 2020; y 
  • a una persona 
    • a quien se le diagnostique SARS–CoV–2 o con enfermedad de coronavirus 2019 (COVID–19) mediante un test aprobado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
    • cuyo esposo/a o dependiente se les diagnostique este virus o enfermedad mediante dicho test, o
    • quien esté atravesando consecuencias financieras adversas como resultado de estar en cuarentena, en licencia obligatoria no remunerada o haber sido despedido o tener horas de trabajo reducidas debido al virus o la enfermedad, que no pueda trabajar por el cuidado de niños debido al virus o la enfermedad, cierre u horario reducido de una empresa propiedad de la persona u operado por esta debido al virus o enfermedad, u otros factores según lo determine el Secretario del Tesoro (o el delegado del secretario)[19] o
    • quien esté atravesando consecuencias financieras adversas como resultado de que se reduzca el sueldo (o los ingresos como trabajador por cuenta propia) de la persona debido a la COVID-19, o se rescinda una oferta de empleo o se retrase la fecha de inicio de un empleo debido a la COVID-19; el cónyuge de la persona o un miembro del hogar de la persona se encuentra en cuarentena, está en licencia obligatoria no remunerada o es despedido, o se reduce su jornada laboral debido a la COVID-19, no puede trabajar debido a que no dispone de servicios de guardería por la COVID-19, se reduce su sueldo (o los ingresos como trabajador por cuenta propia) debido a la COVID-19, o se rescinde una oferta de empleo o se retrasa la fecha de inicio de un empleo debido a la COVID-19; o se implemente el cierre u horario reducido de una empresa propiedad del cónyuge o de un miembro del hogar de la persona u operado por dicho cónyuge o miembro del hogar debido a la COVID-19. Para tales efectos, un miembro del hogar de la persona es alguien que comparte la residencia principal de la persona.[20]

Un empleado puede certificar él mismo al administrador del plan de jubilación que el empleado cumple con los requerimientos para que una distribución califique como distribución relacionada con el coronavirus, y el administrador del plan puede confiar en esa certificación.[21]

Mayor monto disponible como préstamo

Ciertos préstamos para personas calificadas de planes de empleadores calificados (incluidos los planes del gobierno) no se tratan como distribuciones del plan.[22] Antes de la Ley, el monto de cualquier préstamo se limitaba al menor de:

  • $50,000, reducido por el excedente (si hubiere) de (a) el saldo pendiente más alto de préstamos del plan durante el periodo de 1 año que termina el día antes de la fecha en que se realizó el préstamo, sobre (b) el saldo pendiente de préstamos del plan en la fecha en que se realizó el préstamo; o
  • el mayor de (a) la mitad del valor actual del beneficio acumulado no confiscable del empleado según el plan, o (b) $10,000.[23]

Para un periodo que comienza con la fecha de aprobación de la Ley y que dura 180 días después, los limites descritos anteriormente se han duplicado. El monto de cualquier préstamo ahora está limitado al menor de:

  • $100,000, reducido por el excedente (si hubiere) de (a) el saldo pendiente más alto de préstamos del plan durante el periodo de 1 año que termina el día antes de la fecha en que se realizó el préstamo, sobre (b) el saldo pendiente de préstamos del plan en la fecha en que se realizó el préstamo; o
  • el mayor de (a) el valor actual del beneficio acumulado no confiscable del empleado según el plan, o (b) $10,000.[24]

A los fines de esta disposición, una persona calificada es una persona:

  • a quien se le diagnostique SARS–CoV–2 o enfermedad de coronavirus 2019 (COVID–19) mediante un test aprobado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades;
  • a cuyo cónyuge o dependiente se les diagnostique este virus o enfermedad mediante dicho test, o
  • quien esté atravesando consecuencias financieras adversas como resultado de estar en cuarentena, en licencia obligatoria no remunerada o haber sido despedido o tener horas de trabajo reducidas debido al virus o la enfermedad, que no pueda trabajar por el cuidado de niños debido al virus o la enfermedad, cierre u horario reducido de una empresa propiedad de la persona u operado por esta debido al virus o enfermedad, u otros factores según lo determine el Secretario del Tesoro (o el delegado del secretario);[25] o
  • quien esté atravesando consecuencias financieras adversas como resultado de que se reduzca el sueldo (o los ingresos como trabajador por cuenta propia) de la persona debido a la COVID-19, o se rescinda una oferta de empleo o se retrase la fecha de inicio de un empleo debido a la COVID-19; el cónyuge de la persona o un miembro del hogar de la persona se encuentra en cuarentena, está en licencia obligatoria no remunerada o es despedido, o se reduce su jornada laboral debido a la COVID-19, no puede trabajar debido a que no dispone de servicios de guardería por la COVID-19, se reduce su sueldo (o los ingresos como trabajador por cuenta propia) debido a la COVID-19, o se rescinde una oferta de empleo o se retrasa la fecha de inicio de un empleo debido a la COVID-19; o se implemente el cierre u horario reducido de una empresa propiedad del cónyuge o de un miembro del hogar de la persona u operado por dicho cónyuge o miembro del hogar debido a la COVID-19. Para tales efectos, un miembro del hogar de la persona es alguien que comparte la residencia principal de la persona.[26]

Fechas extendidas para el pago de préstamos del plan

Salvo que se trate de un préstamo usado para la adquisición de una residencia principal, los préstamos de planes del empleador deben pagarse en un plazo máximo de cinco años. Si la fecha de vencimiento del préstamo de una persona calificada cae dentro del periodo que comienza en la fecha de promulgación de la Ley y termina el 31 de diciembre de 2020, entonces la fecha de vencimiento debe postergarse por un año. Por supuesto, los montos de pago del préstamo se ajustan para reflejar la fecha de vencimiento posterior.[27] De hecho, la Ley permite “un retraso en el caso de ciertos pagos del préstamo del plan sin provocar que los préstamos [se consideren una distribución para la persona]. Sin embargo, esta no requiere un retraso en los pagos del préstamo del plan, por lo que se permite que el empleador decida admitir dicho retraso en los pagos del préstamo de su plan con respecto a personas calificadas y, en caso de hacerlo, no se considerará que se realizó una distribución a dichas personas, debido al retraso”.[28]

Permiso para que los planes de jubilación actúen

La Ley permite que los patrocinadores de planes de jubilación adopten disposiciones para las distribuciones relacionadas con el coronavirus y los préstamos del plan sobre la base de la Ley inmediatamente, siempre que el plan se modifique antes del último día del primer año del plan que comienza el 1ro de enero de 2022 o con posterioridad a esta fecha, o en una fecha que sea posterior según lo decida el Secretario del Tesoro (o el delegado del secretario (o, en el caso de un plan del gobierno, la fecha que sea dos años después de dicha fecha).[29]

Contribuciones benéficas

Deducción para personas que no detallan deducciones

Para los años fiscales que comienzan en 2020, una persona que no detalla las deducciones[30] puede deducir “por encima de la línea” para determinar el ingreso bruto ajustado (AGI) hasta $300 de contribuciones benéficas calificadas realizadas por la persona durante el año fiscal.[31] Una contribución benéfica calificada es una contribución benéfica:

  • que se hace en dinero en efectivo;
  • para la que se permite una deducción (independientemente de las limitaciones de porcentaje para la deducibilidad);
  • que no se realiza a una organización de apoyo o fondo de donantes (DAF); y
  • no es deducible debido a ciertas limitaciones de porcentaje mayor o como una acumulación del año anterior. 

Límites de contribución sobre deducibilidad suspendidos para ciertas contribuciones en dinero en efectivo

Un contribuyente individual que hace contribuciones benéficas puede deducir de la declaración de impuestos de ingresos federales del contribuyente el monto de tales contribuciones limitado por la aplicación de ciertos porcentajes a la base de contribución del contribuyente.[32] La base de contribución es el AGI de la persona (calculado independientemente de cualquier traslado de pérdida operativa neta al año fiscal).[33]

La Ley suspende las limitaciones de porcentaje para las contribuciones calificadas realizadas en 2020.[34] De conformidad con la Ley, las contribuciones calificadas son deducibles en la declaración de impuestos de ingresos federales del contribuyente hasta el monto completo de la base de contribución del contribuyente sobre el monto de todas las contribuciones benéficas permitidas. Las contribuciones en exceso calificadas se pueden trasladar y deducir (sujeto a restricciones) a los próximos cinco años.[35]

Una contribución calificada es una contribución pagada en dinero en efectivo durante el año calendario 2020 a una organización benéfica que no sea una organización de apoyo o DAF para la cual el contribuyente ha elegido aplicar estas reglas.

En el caso de las contribuciones calificadas que pasan a la declaración de impuestos de una persona desde una entidad sujeta a impuestos como una sociedad o corporación a la que se le cobran impuestos según el subcapítulo S del IRC, la elección se realiza separadamente por cada socio individual o accionista.[36]

Las contribuciones del inventario de comida en el caso de cualquier contribuyente que no sea una corporación C generalmente se limitan al 15 % del ingreso neto total del contribuyente para dicho año fiscal de todos los comercios o empresas desde las que se realizaron dichas contribuciones para dicho año.[37] La Ley aumenta la limitación al 25 % de dichos ingresos netos totales.[38]

Préstamos estudiantiles

Pagos del empleador de préstamos estudiantiles del empleado excluidos del ingreso bruto

Cierta asistencia educativa hasta $5,250 pagada por un empleador en representación de un empleado se excluye del ingreso bruto del empleado. El pago de parte de un empleador en el año calendario 2020 de capital o intereses para cualquier préstamo de educación calificado[39] que haya contraído el empleado, para su educación, ya sea pagado al empleado o a un prestador, es asistencia educativa y, dentro de los límites aplicables, se puede excluir del ingreso bruto del empleado.[40] No se permite ninguna deducción al contribuyente respecto del pago de interés sobre el pago del préstamo estudiantil excluido del ingreso bruto según esta disposición.[41]

Indulgencia para prestamos estudiantiles

Los pagos adeudados para préstamos estudiantiles que se realizaron según el Programa de Préstamos Federales Directos William D. Ford y el Programa de Préstamos Federales para Estudiantes Robert T. Stafford (que son administrados por el Departamento de Educación) están suspendidos hasta el 30 de septiembre de 2020. Ningún interés se acumulará sobre estos préstamos para el periodo de la suspensión.[42] Para los fines de los programas de condonación o rehabilitación de préstamos, durante el periodo de suspensión, se considerará que el prestatario ha efectuado el pago con respecto a dicho préstamo.[43]

Durante el periodo de suspensión, el Departamento de Educación no informará incumplimientos de pagos a las agencias de informes de créditos del consumidor y tratará al préstamo como si se hubiera pagado durante dicho periodo. Los procedimientos de cobro involuntario con respecto a los préstamos estudiantiles se deben suspender, los cuales incluyen:

  • un embargo de salario; 
  • una reducción de un reembolso de impuestos por el monto de una deuda;
  • una reducción de cualquier otro pago de beneficio federal por una compensación administrativa; y
  • cualquier otra actividad de cobro involuntario por la Secretaría de Educación.

Desde el 1ro de agosto de 2020, el Departamento de Educación debe proporcionar al menos seis notificaciones por correo postal, teléfono o comunicación electrónica a los prestatarios, en las que se indique cuándo se retomarán las obligaciones de pago normales del prestatario, y que el prestatario tiene la opción de inscribirse en amortización basada en los ingresos, y deben incluir una descripción breve de dichas opciones.[44]

Indulgencia para informes de crédito y ejecuciones hipotecarias

Obligaciones del consumidor

Si el prestador hace una adaptación a un prestatario, en la medida en que el prestatario haga pagos en cumplimiento de esta adaptación, el prestador debe:

  • informar que la obligación de crédito o cuenta está al día; o
  • si la obligación de crédito o cuenta estaba en mora antes de la adaptación,
    • mantener el estado de mora durante el periodo en que la adaptación está vigente, y
    • si el consumidor pone la obligación de crédito o cuenta al día durante 120 días después de la promulgación de la Ley, informar que la obligación de crédito o cuenta está al día.

Una adaptación incluye un contrato para aplazar uno o más pagos, hacer un pago parcial, abstenerse de cualquier monto en mora, modificar un préstamo o contrato o cualquier otra asistencia o ayuda otorgada a un consumidor que se vea afectado por la pandemia de la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID–19) durante el periodo que comienza el 31 de enero de 2020 y que finalice en el periodo más tarde de: 120 días después de la fecha de promulgación de la Ley; o 120 días después de la fecha en la que termine la emergencia nacional por el brote de COVID–19 según lo declare el presidente. 

Las disposiciones de informe no deben aplicarse respecto de una obligación de crédito o la cuenta de un consumidor que haya sido contabilizada como incobrable. 

Indulgencia de hipoteca

Durante el periodo cubierto, un prestatario con un préstamo hipotecario con garantía federal que atraviesa una dificultad financiera debido a la emergencia de la COVID–19, ya sea directa o indirectamente, puede solicitar una indulgencia para el préstamo hipotecario con garantía federal, independientemente del estado de incumplimiento, presentando una solicitud al administrador del prestatario y afirmando que el prestatario está atravesado una dificultad durante la emergencia del COVID–19. Los préstamos hipotecarios con garantía federal incluyen: 

  • ciertos préstamos asegurados por la Administración Federal de Vivienda;
  • ciertos préstamos asegurados por la Ley Nacional de Vivienda;
  • ciertos préstamos garantizados por la Ley de Desarrollo de Vivienda y Comunidad de 1992; 
  • préstamos garantizados o asegurados por el Departamento de Asuntos de Veteranos; 
  • préstamos garantizados o asegurados por el Departamento de Agricultura;
  • préstamos realizados por el Departamento de Agricultura; o
  • préstamos comprados o garantizados por la Corporación Federal de Hipotecas y Prestamos para la Vivienda o la Asociación Federal de Hipotecas Nacionales. 

La indulgencia para préstamos hipotecarios con garantía federal, independientemente del estado de incumplimiento, se puede solicitar presentando una solicitud al administrador del prestatario y afirmando que el prestatario está atravesando una dificultad financiera durante la emergencia del COVID–19. Si se solicita una indulgencia, se debe otorgar por hasta 180 días, y se debe ampliar por un pedido adicional de hasta 180 días a solicitud del prestatario (el periodo puede ser acortado a pedido del prestatario). Durante un periodo de indulgencia, no se deben acumular en la cuenta del prestatario cargos, sanciones ni intereses excepto los programados o calculados como si el prestatario hubiera realizado todos los pagos contractuales puntualmente y en su totalidad. 

El administrador del préstamo debe extender la indulgencia sin cargos adicionales y según la declaración del prestatario de una dificultad financiera causada por la emergencia del COVID–19 (y sin otra documentación), siempre que la solicitud del prestatario de una extensión sea realizada durante el periodo cubierto.[45]

Salvo con respecto a una propiedad vacía o abandonada, un administrador de un préstamo hipotecario garantizado federalmente no puede iniciar ningún proceso de ejecución hipotecaria judicial y no judicial, solicitar un juicio de ejecución hipotecaria u orden de venta ni ejecutar un desalojo relacionado con una ejecución hipotecaria o venta por ejecución hipotecaria durante no menos del periodo de 60 días que comienza el 18 de marzo de 2020.

Compensación por desempleo extendida

La Ley amplía la compensación por desempleo para ofrecer beneficios por desempleo a las personas que no pueden trabajar como consecuencia de la emergencia por COVID-19. La Ley también proporciona beneficios mejorados para todos los trabajadores elegibles para desempleo:

La Ley también expande los beneficios por desempleo para los trabajadores que regularmente no son elegibles para dichos beneficios. los trabajadores autónomos, los que busquen empleos de medio tiempo (si lo permite la ley estatal), los que no tengan suficiente historial laboral o los que por otras causas no serían elegibles para los beneficios regulares por desempleo según la ley estatal o federal, y se convierten en desempleados o no pueden encontrar trabajo debido a la emergencia por COVID–19, incluidos los contratistas independientes.[46]

Las personas cubiertas son las que no son elegibles para la compensación regular o los beneficios extendidos según la ley estatal o federal o la compensación por desempleo en caso de emergencia por pandemia por parte de un estado, según un acuerdo con la Secretaría de Trabajo,[47] incluida una persona que haya agotado todos los derechos para el desempleo regular o los beneficios extendidos según la ley estatal o federal o la compensación por desempleo en caso de emergencia por pandemia, esté desempleada, parcialmente desempleada o no pueda trabajar (según la certificación del propio empleado) porque:

  • la persona ha sido diagnosticada con COVID–19 o está padeciendo síntomas de COVID–19 y busca un diagnóstico médico;
  • un miembro del hogar de la persona ha sido diagnosticado con COVID–19;
  • la persona está brindando cuidados a un familiar o miembro de la casa de la persona que ha sido diagnosticado con COVID–19;
  • un niño u otra persona de la casa para quien la persona tenga responsabilidad de cuidado primario no puede asistir a la escuela u otra institución que esté cerrada como consecuencia directa de la emergencia de salud pública del COVID–19, y dicha escuela o institución es necesaria para que el individuo trabaje;
  • la persona no puede llegar al lugar de trabajo porque se impone una cuarentena como resultado directo de la emergencia de salud pública del COVID–19.
  • la persona no puede llegar al lugar de trabajo porque la persona ha sido aconsejada por un proveedor del cuidado de la salud a quedarse en cuarentena debido a inquietudes relacionadas con COVID–19;
  • la persona debía comenzar con el empleo y no tiene un trabajo o no puede llegar al trabajo como consecuencia directa de la emergencia de salud pública del COVID–19;
  • la persona se convirtió en el sostén de la familia o principal apoyo de la casa porque el jefa/a de la familia ha fallecido como consecuencia directa del COVID–19;
  • la persona tuvo que renunciar a su trabajo como consecuencia directa del COVID–19; o
  • el lugar de empleo de la persona está cerrado como consecuencia directa de la emergencia de salud pública del COVID–19.

Es importante destacar, nuevamente, que las personas cubiertas también incluyen una persona que es trabajador autónomo, que está buscando empleo a tiempo parcial, que no tiene un historial de trabajo suficiente o que de otro modo no calificaría para los beneficios por desempleo regulares o extendidos según la ley estatal o federal o la compensación por desempleo por la emergencia de la pandemia y cumple con los requerimientos de incapacidad para trabajar debido al COVID-19 según certificación de la propia persona descritos anteriormente.

Las personas cubiertas recibirán los beneficios durante las semanas de desempleo, desempleo parcial o imposibilidad de trabajar por el COVID-19 a partir del 27 de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020, mientras dure el desempleo, desempleo parcial o imposibilidad de trabajar a causa del COVID-19.

La Ley además aumenta la compensación por desempleo para incluir $600 adicionales por semana (incluso si esto lleva al empleado por encima de su nivel de ganancias previo al desempleo). Los 50 estados y el Distrito de Columbia firmaron acuerdos con la Secretaria del Trabajo de los Estados Unidos para proveer esta compensación federal adicional por desempleo ante la pandemia [48], por la cual el estado participante recibirá un reembolso total.[49]

Los estados que firmen el acuerdo con la Secretaría del Trabajo pueden eliminar los periodos de espera y también pueden proporcionar 13 semanas adicionales de elegibilidad para los beneficios (39 semanas en total).

Los empleados de las organizaciones sin fines de lucro y las organizaciones religiosas están cubiertos por la expansión federal de los beneficios conforme a la Ley. Los gobiernos estatales determinarán la forma en que se administrarán dichas disposiciones.

Los empleados de las organizaciones sin fines de lucro y las organizaciones religiosas están cubiertos por la expansión federal de los beneficios conforme a la Ley. Los gobiernos estatales determinarán la forma en que se administrarán dichas disposiciones. Las entidades exentas de impuestos a menudo son “empleadores reembolsadores”, a los que el congreso permite autoasegurar reclamaciones de beneficios por desempleo en lugar de contribuir a los fondos de fideicomisos de desempleo estatales. Dichos empleadores reembolsan a los fondos de seguro de desempleo estatales por los beneficios que pagaron a sus antiguos empleados. Conforme a la Ley, el gobierno federal pagará el 50 % de las reclamaciones relacionadas con la COVID-19 que se hayan cobrado a los empleadores reembolsadores. La Secretaría del Trabajo de los Estados Unidos ha proporcionado la siguiente directriz con respecto a los empleadores reembolsadores: “Tras recibir el pago de parte del empleador reembolsador por el monto adeudado en lugar de las contribuciones, el estado puede remitir al empleador hasta la mitad del monto de la compensación pagada por el estado y que es atribuible al servicio prestado con el empleador”.[50] Por consiguiente, las entidades sin fines de lucro autoaseguradas deben pagar sus reclamaciones por desempleo y luego procurar la obtención de reembolsos parciales.

La Ley establece fondos para apoyar a los estados que desarrollen un programa de “compensación a corto plazo” para los empleadores que reduzcan horas en reemplazo de despidos (pero no se aplica a empleados estacionales, temporales o intermitentes).

Los empleados que pueden trabajar a distancia con sueldo y los que están recibiendo licencia pagada por enfermedad en caso de emergencia o licencia por emergencia de salud pública de la FMLA según la Ley Familias Primero de Respuesta ante el Coronavirus[51] o estén recibiendo licencia pagada según un plan del empleador o la ley estatal o local no pueden recibir simultáneamente los beneficios por desempleo según la Ley. 

Preguntas frecuentes sobre distribuciones de planes de jubilación y cuentas IRA agosto de 2020 - Actualización

La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES), Ley Pública 116-136 (en lo sucesivo, la Ley), promulgada el 27 de marzo de 2020, afecta la administración de las cuentas individuales para la jubilación (IRA) y algunos planes calificados y planes de compensación diferida. A continuación se presentan algunas preguntas frecuentes (FAQ) y respuestas referentes al efecto que la Ley tiene en las distribuciones de las cuentas de jubilación. Dicha información está sujeta a cambios con base en la orientación futura que proporcione el Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Distribuciones relacionadas con el coronavirus

P: ¿La Ley CARES incluye normas de distribución especiales en relación con el COVID-19?

R: Sí. Las personas elegibles pueden retirar hasta $100,000 en total de planes de jubilación elegibles (incluidas las cuentas IRA) como una distribución relacionada con el coronavirus a partir del 1ro de enero de 2020, y antes del 31 de diciembre de 2020. La persona calificada que recibe la distribución puede designar la distribución como distribución relacionada con el coronavirus aunque el plan a partir del cual se realizó la distribución no tuviera tal designación. Los planes proporcionados por el empleador no necesitan adoptar cambios que considerarían las distribuciones del plan como distribuciones relacionadas con el coronavirus. Sin embargo, si un plan proporcionado por el empleador adopta reglas que tratan las distribuciones como distribuciones relacionadas con el coronavirus, el plan debe tratar las distribuciones similares de manera consistente. La totalidad de la distribución relacionada con el coronavirus de $100,000 se puede tomar sin importar la necesidad que la persona calificada tenga obtener los fondos, y no se requiere que el monto de la distribución sea proporcional a la necesidad de la persona.

P: ¿Qué personas son elegibles, en relación con las normas de distribución especiales según la Ley CARES?

R: Una persona elegible es una persona:

  • a quien se le diagnostique SARS–CoV–2 o enfermedad de coronavirus 2019 (COVID–19) mediante un test aprobado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades;
  • a cuyo cónyuge o dependiente se les diagnostique este virus o enfermedad mediante dicho test, o
  • que experimente consecuencias financieras adversas como resultado de (i) estar en cuarentena, en licencia o ser despedido, o tener horas de trabajo reducidas debido al virus o la enfermedad, (ii) no poder trabajar debido a falta de cuidado de niños debido al virus o la enfermedad, (iii) el cierre u horario reducido de una empresa propiedad de la persona u operado por esta debido al virus o enfermedad.
  • que experimente consecuencias financieras adversas como resultado de que:
    • se reduce el sueldo (o los ingresos como trabajador por cuenta propia) de la persona debido a la COVID-19, o se rescinde una oferta de empleo o se retrasa la fecha de inicio de un empleo debido a la COVID-19;
    • el cónyuge de la persona o un miembro del hogar de la persona se encuentra en cuarentena, está en licencia o es despedido, o se reduce su jornada laboral debido a la COVID-19, no puede trabajar debido a que no dispone de servicios de guardería por la COVID-19, se reduce su sueldo (o los ingresos como trabajador por cuenta propia) debido a la COVID-19, o se rescinde una oferta de empleo o se retrasa la fecha de inicio de un empleo debido a la COVID-19; o
    • se implementa el cierre u horario reducido de una empresa propiedad de u operada por el cónyuge o un miembro del hogar de la persona debido a la COVID-19.

Para tales efectos, un miembro del hogar de la persona es alguien que comparte la residencia principal de la persona.

P: ¿Cómo se graban impuestos sobre la distribución relacionada con el coronavirus?

R: Una distribución relacionada con el coronavirus está sujeta a un impuesto sobre los ingresos ordinario, pero no está sujeta a  la sanción por retiro temprano del 10 % según el Código de Rentas Internas si tienes menos de 59 años y medio de edad. A menos que optes por rechazar esta opción, la responsabilidad del impuesto federal sobre los ingresos atribuible al monto distribuido se repartirá de forma proporcional durante tres años.

P: ¿Puedo devolver una distribución relacionada con el coronavirus?

R: Sí. Durante los tres años posteriores a que recibas una distribución relacionada con el coronavirus, la distribución se puede devolver y es tratada como una transferencia de 60 días a cualquier plan de jubilación elegible o cuenta IRA que permita dicha transferencia. El monto total de reembolso no puede superar el monto total de la distribución relacionada con el coronavirus. 

El 19 de junio de 2020, el IRS publicó el Aviso 2020-50, que describe las reglas con respecto al pago de las distribuciones relacionadas con el coronavirus y las implicaciones fiscales del pago. Debes consultar con tu asesor fiscal con respecto a modificar tu declaración del impuesto sobre los ingresos para el año en el cual se haya pagado el impuesto para obtener un reembolso (sujeto a las restricciones de tiempo).

Distribuciones mínimas requeridas (RMD)

P: Los participantes de ciertos planes de jubilación no tienen que tomar una distribución mínima requerida (RDM) para 2020. ¿Mi plan está cubierto por dicha regla?

R: Las RMD están exentas para el año calendario 2020 para los siguientes tipos de planes:

  • los planes de jubilación individuales (por ejemplo, IRA tradicionales y tradicionales “heredadas” e IRA Roth “heredadas”);
  • los planes de contribuciones definidas patrocinados por el empleador como los planes 401(k), planes Roth 401(k), planes de bono de acciones y planes de participación en las ganancias;
  • anualidades de jubilación calificadas para ciertos empleados de escuelas públicas, empleados de ciertas organizaciones benéficas y ciertos ministros; y
  • planes de compensación diferida de gobiernos estatales y locales y organizaciones exentas de impuestos, pero solo si el empleador es un estado, una subdivisión política de un estado, y cualquier agencia u organismo de un estado o una subdivisión política de un estado.

P: ¿Todas las RMD de los planes que se describen en la pregunta 5 están cubiertas por la Ley?

A: Sí. Si eres un participante en un plan cubierto por la Ley, no estás obligado a tomar una RDM en 2020. La exención incluye las RMD que se hubieran requerido durante tu vida porque pasaste la fecha de inicio requerida (RBD) y las RMD que se te deben pagar como participante fallecido o beneficiario del titular de una IRA.

P: ¿Qué pasa si cumplo 70 años y medio de edad en 2019? ¿Debo tomar una RDM en 2020?

R: No. Si cumples 70 años y medio de edad en 2019, tu RBD es el 1ro de abril de 2020. Si no tomaste tu RMD en 2019, entonces aunque se te hubiera requerido que tomes tu RMD de 2019 a más tardar el 1ro de abril de 2020, y tu RMD de 2020 a más tardar el 31 de diciembre de 2020, no necesitas tomar ninguna RMD en 2020.

P: ¿Existen pagos de los planes descritos en la Ley que deban pagarse aún en 2020?

R: Sí. Si estás recibiendo pagos de un plan de jubilación calificado como parte de una serie de pagos periódicos sustancialmente iguales, esos pagos no están exentos para 2020 porque no están clasificados como RMD.

P: Tomé una parte (o la totalidad) de mi RMD para 2020 antes de que se promulgara la Ley. ¿La puedo postergar?

R: Sí, pero por un tiempo limitado.

Las distribuciones que hubiesen sido distribuciones mínimas requeridas (RMD) en 2020 de no ser por la Ley CARES (RMD de 2020) se pueden transferir a una cuenta IRA o un plan calificado (si se cumple con todos los demás requerimientos, por ejemplo, se puede realizar una transferencia a un plan calificado únicamente si el plan calificado permite que se realicen transferencias al plan) a más tardar el 31 de agosto de 2020. Además, debes tener en cuenta que, para las RMD de 2020, se ha eximido la regla que permite transferencias solo una vez por periodo de 12 meses con respecto a las transferencias a cuentas IRA. Aunque originalmente no se permitía, el IRS ha ampliado la disponibilidad de transferir las RMD de 2020 a beneficiarios de cuentas IRA heredadas que no sean cónyuges supervivientes. Las RMD de 2020 no deseadas que no sean devueltas a más tardar en el plazo extendido de 31 de agosto de 2020, están sujetas a los requerimientos normales de transferencia, es decir, el periodo de 60 días en el caso de las transferencias indirectas, la regla de una vez por periodo de 12 meses en el caso de las cuentas IRA, y la prohibición de las transferencias por parte de los beneficiarios que no sean cónyuges de cuentas IRA heredadas.

P: Si recibí una distribución relacionada con el coronavirus en 2020, ¿debo devolver todo el monto para que califique como un pago?

A: No. Si la distribución fue de un plan calificado, el monto máximo que se puede transferir no puede superar la porción de la distribución que se hubiera incluido en los ingresos brutos.

Si la distribución fue de una IRA, las transferencias parciales están permitidas. Si el monto distribuido se paga a un plan de jubilación elegible, el monto máximo no puede superar la porción del monto recibido que se incluye en los ingresos brutos.

P: Se retuvo impuesto de una distribución no relacionada con el coronavirus. ¿Qué sucede con ese monto?

El impuesto retenido se consideró una distribución para ti realizada desde el plan. Debido a que no puedes transferir ese monto, este estará sujeto a impuestos como distribución.

Cualquier parte de una distribución que no sea transferida realmente está sujeta al impuesto sobre los ingresos. El monto de una distribución que está retenida para pagar impuestos se incluye en tus ingresos. Si se retiene un impuesto de una distribución y quieres transferir un monto igual al monto total de la distribución, debes usar otros fondos para reemplazar el monto retenido. 

Es posible que seas elegible para recibir un reembolso del impuesto retenido cuando hagas la declaración de impuestos para el año en el que recibiste la distribución. También puedes ajustar tu retención de impuesto sobre los ingresos o pagos de impuestos estimados trimestralmente para considerar el monto retenido. Debes solicitar el asesoramiento de tus asesores fiscales.

P: Quiero transferir mi plan patrocinado por el empleador a una cuenta IRA. Si lo hago en 2020 y ya pasó mi RBD, ¿debo recibir una RMD antes de la transferencia?

R: Las RMD generalmente no son elegibles para el tratamiento de transferencia. No obstante, debido a que las RMD están exentas para 2020, puedes transferir la totalidad de tu plan calificado a una cuenta IRA. La presentación de informes, la transferencia de fideicomisario a fideicomisario y las normas de retenciones se aplican a todo el monto, incluida la parte de la distribución que hubiera sido una RMD si las normas de RMD no se hubieran suspendido para 2020.

Distribuciones benéficas calificadas (QCD)

P: ¿Todavía puedo hacer una QCD en 2020?

R: Aunque el requerimiento de tomar una RMD en 2020 está suspendido, si cumples con los requerimientos normales para hacer una distribución benéfica calificada (QCD), puedes hacer una QCD en 2020. Las QCD no están fundamentadas en la RMD (aunque se aplican frente a la RMD), pero se pueden hacer una vez que la persona cumple 70 años y medio de edad. Aunque no hay RMD para 2020, el otro beneficio principal está todavía disponible; específicamente, el monto de la QCD (hasta $100,000 anuales) no se incluye en los ingresos brutos.

Tu equipo de PNC está aquí y listo para colaborar contigo y con tus asesores para guiarte en cómo la Ley CARES puede afectar a tu plan en el largo plazo.

For more information, please consult your PNC Advisor or contact PNC Wealth Management.