¿Qué es la Ley ACE?

Al ser una organización bipartidista, la Ley para Acelerar las Iniciativas Benéficas (Accelerating Charitable Efforts Act, ACE) respalda la investigación académica de Ray D. Madoff y Roger Colinvaux, catedráticos de derecho de Boston College y de la Facultad de Derecho Columbus (The Catholic University of America), respectivamente. Madoff y Colinvaux colaboran para encontrar nuevas maneras para aumentar el flujo de fondos de los instrumentos filantrópicos al sector de organizaciones sin fines de lucro.

Su trabajo ha dado lugar a una legislación propuesta, la así llamada Ley ACE, en el Senado de los Estados Unidos. Dicha legislación fue presentada por los senadores Angus King (independiente de Maine) y Chuck Grassley (republicano de Iowa). La Ley ACE coincide estrechamente con la investigación de Madoff y Colinvaux y con las propuestas de la IACG.

La Ley ACE tiene la meta de lograr mayores flujos de fondos hacia el sector de organizaciones sin fines de lucro al reestructurar las reglas que rigen a las fundaciones privadas (PF, por sus siglas en inglés) y a los fondos designados por donantes (DAF, por sus siglas en inglés). La ley pretende resolver dos problemas percibidos asociados con la realización de donaciones a entidades benéficas a través de DAF y PF:

  • Primeramente, busca resolver el desajuste de tiempo entre el momento en que el donante recibe una deducción de impuestos por financiar un DAF o una PF y el momento en el que la organización benéfica en operación recibe la subvención.
  • En segundo término, busca resolver el problema percibido del control que los donantes tienen a perpetuidad. Parecería que los donantes que ejercen control sobre los fondos benéficos desde el más allá es algo que preocupa a los legisladores. Además, como consecuencia del control perpetuo de los donantes, se encuentra el depósito de los fondos en instrumentos benéficos privados durante generaciones.

En última instancia, la Ley ACE tiene el objetivo de permitir que los fondos filantrópicos estén a disposición de las organizaciones benéficas cuando se necesiten. Sin embargo, hay preguntas con respecto a cuán eficaz será esta legislación, tanto en el corto como en el largo plazo.

Para ilustrar lo que consideramos son los aspectos clave de la legislación que ayudarán en la toma de decisiones de donantes y organizaciones benéficas públicas por igual, esperamos que el siguiente formato de preguntas y respuestas te resulte útil.

¿Cómo afecta la legislación a los donantes que utilizan PF? ¿Cómo modificará sus prácticas de donación?

PF que utilizan DAF para otorgar subvenciones 

Los donantes que tienen PF a menudo utilizan DAF para reducir sus costos administrativos y para enseñar a la próxima generación a que realice donaciones de forma inteligente o lo haga de forma anónima. Además, según la ley actual, realizar la distribución de fondos de una PF a un DAF también cuenta a favor del requerimiento de distribución anual de la PF (por lo general, el 5 % del valor de los activos de la PF, sujeto a determinadas reducciones y exclusiones). La Ley ACE ya no permitiría que las distribuciones realizadas de las el hhPF a los DAF cuenten a favor de la distribución anual requerida de la PF, a menos que el DAF actúe como un verdadero conducto hacia el beneficiario final de la subvención. El dinero de la subvención recibido por un DAF a través de una PF se tendría que distribuir desde el DAF a más tardar al cierre del primer año gravable después de haber recibido la subvención. Por ejemplo, si una PF realizara una subvención a un DAF el15 de noviembre de 2021, el DAF tendría que realizar una subvención a una organización benéfica pública por el mismo monto a más tardar en 31 de diciembre de 2022. El hecho de que el DAF no realice la subvención dentro del plazo requerido provocaría que la subvención realizada por la PF al DAF no sea una distribución elegible que cuente a favor del requerimiento de distribución anual de la PF. El hecho de que una PF no financie por completo su requerimiento de distribución anual podría dar lugar a que la PF esté sujeta a un impuesto especial del 30 % sobre el monto no distribuido y, en caso de no corregir la situación, a un 100 % sobre el monto no distribuido.

Gastos administrativos frente a impuestos especiales

Conforme a la ley actual, los gastos administrativos justificados y necesarios de una PF cuentan a favor de su requerimiento de distribución anual. Conforme a la Ley ACE, el salario, los viáticos y demás gastos administrativos pagados a los familiares de (i) un contribuyente importante de la fundación o (ii) un titular de más del 20 % del derecho a voto combinado de una corporación, los intereses sobre las ganancias de una sociedad o la participación usufructuaria de un fideicomiso o empresa no incorporada que sea un contribuyente importante de la fundación, no contarían a favor del requerimiento de distribución anual. Los gastos administrativos pagados al gerente de una fundación que no sea un familiar antes descrito seguirían contando a favor del requerimiento de distribución anual. El hecho de que una PF no financie por completo su requerimiento de distribución anual podría dar lugar a que la PF esté sujeta a un impuesto especial del 30 % sobre el monto no distribuido y, en caso de no corregir la situación, sobre el 100 % del monto no distribuido. Por consiguiente, conforme a la Ley ACE, a fin de cumplir su requerimiento de distribución anual, una PF probablemente tendría que aumentar su realización de subvenciones para sustituir los gastos administrativos descalificados.

Incentivos para realizar subvenciones más grandes o establecer fundaciones de reducción de activos

Conforme a la ley, una PF que realiza subvenciones (en lugar de una PF operativa) debe pagar un impuesto especial del 1.39 % sobre sus ingresos de inversión netos. La Ley ACE motivaría a las PF a realizar distribuciones elegibles más grandes (por lo general subvenciones a organizaciones benéficas) al exentar el impuesto sobre los ingresos de inversión netos de las PF que distribuyan cuando menos el 7 % del valor de los activos de la PF (excluye los activos que se utilizan a efectos de exención de la PF).

La Ley ACE también motivaría el establecimiento de PF de “reducción de activos” al eliminar el impuesto sobre los ingresos de inversión netos de toda PF que tenga una duración máxima de 25 años, según se especifica en su documento rector, y que no realice distribuciones a “fundaciones privadas descalificadas”. Para este fin, una “fundación privada descalificada” es cualquier fundación privada que tenga una persona descalificada que también sea una persona descalificada ante la fundación que realiza la distribución.

¿Cómo afecta la Ley ACE a los donantes del DAF? ¿Cómo modificará sus prácticas de donación?

Los tipos de DAF intentan resolver el problema de desajuste de tiempo

La Ley ACE divide los DAF en cuatro categorías nuevas. Las consecuencias fiscales para un donante que realice donaciones a una DAF serían distintas en función del tipo de DAF que reciba la donación. Estas disposiciones intentan reducir el desajuste de tiempo entre el momento en el que el donante recibe una deducción del impuesto sobre la renta federal y el momento en el que una DAF realiza una subvención a una organización benéfica.

Fondo designado por donantes calificado (QDAF): Según lo dispuesto en la Ley ACE, un QDAF es un DAF establecido conforme a un acuerdo que requiere, durante la vigencia del fondo, la extinción de todo privilegio de asesoría con respecto a toda contribución (incluida toda ganancia derivada de esta) realizada por cualquier donante (o por cualquier persona que sea nombrada o designada por un donante) antes del quinceavo año a partir del año gravable durante el cual se haya realizado la contribución. El donante debe designar “una organización preferente” que reciba las contribuciones y las ganancias derivadas de estas que permanezcan en el QDAF una vez que termine el periodo de asesoría. Si el QDAF no distribuye la contribución (ni las ganancias relacionadas con esta) de una distribución elegible antes del último día del sexto mes posterior al último día del catorceavo año gravable a partir del año gravable en el cual se haya realizado la contribución, la organización patrocinadora enfrentará una sanción (un impuesto especial) equivalente al 50 % del monto de la contribución y de las ganancias atribuibles a esta que no se hayan distribuido a más tardar en la fecha requerida.

Un donante que realice la donación de un “activo que no cotiza en bolsa” a un QDAF no necesariamente recibiría una deducción del impuesto sobre la renta por tal donación durante el año en el que se haya realizado la contribución al QDAF.

En lugar de ello, se permitiría realizar la deducción una vez que la organización patrocinadora venda el activo que no cotiza en bolsa. El monto de la deducción no podrá superar los ingresos brutos recibidos por la venta y se abonará a la cuenta del contribuyente.

Para este fin, un activo que no cotiza en bolsa es “cualquier activo para el cual (a la fecha en que se realizó la contribución) no haya disponibles cotizaciones de mercado en un mercado de valores establecido”. Un donante que realice la contribución de activos que no sean activos que no cotizan en bolsa a un QDAF debe recibir una deducción benéfica en el año en que se realizó la contribución (sujeto a las reglas normales que rigen las deducciones benéficas).

Fondo designado por donantes no calificado (NQDAF): Según lo dispuesto en la Ley ACE, un NQDAF es un DAF que debe distribuir una contribución (y las ganancias relacionadas con esta) de una distribución elegible antes del último día del sexto mes posterior al último día del cuadragésimo noveno año gravable a partir del año gravable en el cual se haya realizado la contribución. Si la QDAF no distribuye una contribución (ni las ganancias relacionadas con esta) en una distribución elegible antes de esa fecha, la organización patrocinadora enfrentará una sanción (un impuesto especial) equivalente al 50 % del monto de la contribución y de las ganancias atribuibles a esta que no se hayan distribuido a más tardar en la fecha requerida.

Un donante que realice la donación de bienes que no sean dinero en efectivo a un NQDAF no necesariamente recibiría una deducción del impuesto sobre la renta por tal donación durante el año en el que se haya realizado la contribución. En lugar de ello, se permitiría realizar la deducción una vez que la organización patrocinadora venda la contribución para obtener dinero en efectivo y en tal caso únicamente durante el año que incluya la fecha en la que la organización patrocinadora realice una distribución elegible con los ingresos de la venta.

El monto de la deducción se limita al monto de la distribución elegible. Un donante que realice la donación de dinero en efectivo a un NQDAF no necesariamente recibiría una deducción del impuesto sobre la renta por tal donación durante el año en el que se haya realizado la contribución. En lugar de ello, se permitiría realizar la deducción durante el año que incluya la fecha en la que la organización patrocinadora realice una distribución elegible de la contribución. El monto de la deducción se limita al monto de la distribución elegible.

Fondo designado por donantes de una fundación comunitaria calificada (QCF-DAF): Hay dos tipos de QCF-DAF, ambos de los cuales deben ser patrocinados por una fundación comunitaria calificada (QCF). Una QCF es toda organización descrita en la sección 501(c)(3) del IRC, que esté constituida y sea operada con el fin de comprender y atender las necesidades de una comunidad geográfica en particular que no abarque más de cuatro estados al involucrar a los donantes y las donaciones conjuntas para crear fondos benéficos que promuevan directamente dichas necesidades y que posean cuando menos el 25 % de sus activos totales fuera de los DAF. No existen disposiciones específicas referentes a las fundaciones comunitarias basadas en asuntos, como la National Christian Foundation o los DAF patrocinados por universidades, hospitales u organizaciones sin fines de lucro más grandes1. Un QCF-DAF es un DAF conservado por una QCF y cada persona que tenga privilegios de asesoría solo podrá tener tales privilegios con respecto a uno o varios DAF pertenecientes a la QCF por un valor global de $1 millón o menos en cualquier momento dado, ajustado por la inflación después de 2021 (para el propósito que nos atañe, un QCF-DAF de tamaño limitado), o bien, el DAF se ha establecido conforme a un acuerdo que requiere que el fondo realice “distribuciones elegibles” cada año calendario por un monto mínimo del 5 % del valor del fondo, según se determine en el último día del año calendario anterior (para el propósito que nos atañe, un QCF-DAF de distribución mínima).

 

Un donante que realice una donación a una QCF-DAF tendría las mismas consecuencias fiscales que un donante que realice una donación a una QDAF, según se describió anteriormente.

Anonimidad: Cómo cambiar la forma en que los DAF realizan subvenciones a entidades benéficas públicas

La Ley ACE puede cambiar la manera en que los DAF realizan subvenciones a entidades benéficas públicas. Ciertas organizaciones, que informalmente se denominan “entidades benéficas públicas”, están exceptuadas del estado de fundación privada. Sin embargo, para mantener el estado de entidad benéfica pública, la organización debe cumplir con determinadas pruebas financieras, como la “prueba de apoyo de un tercio”. La Ley ACE limita la forma en que las organizaciones 501(c)(3) pueden utilizar las subvenciones de los DAF para calificar como entidades benéficas públicas.

Una característica que con frecuencia es deseable con respecto a un DAF es la capacidad que el donante del DAF tiene para solicitar que este realice subvenciones anónimas a las organizaciones benéficas. Como tal, si la organización patrocinadora acepta el consejo del donante, no es necesario que la subvención para la organización benéfica lleve el nombre del donante.

La Ley ACE limita la forma en que se cuentan los DAF al determinar si una organización benéfica es una entidad benéfica pública. Según lo dispuesto en la Ley ACE, a menos que se aplique una excepción, las distribuciones de las organizaciones patrocinadoras realizadas a una organización benéfica receptora serán tratadas como apoyo recibido de una persona (no de una entidad benéfica pública), con lo que se limita la cantidad de la subvención que se puede utilizar para determinar si la organización receptora califica como entidad benéfica pública. Sin embargo, si la organización patrocinadora identifica el donante del DAF que realiza la distribución, la subvención será tratada como si hubiese sido realizada por el donante del DAF (y no por la organización patrocinadora).

Si la organización patrocinadora realiza una subvención a una organización receptora usando fondos que no provengan de un DAF y con respecto a los cuales ningún donante tenga privilegios de asesoría, la subvención será tratada como si proviniese de una organización descrita en la sección 170(b)(1)(A) del IRC y no se limitará para los propósitos de comprobar el estado de la organización receptora como entidad benéfica pública. Si se aprueba la Ley ACE en su forma actual, será interesante ver si las entidades benéficas públicas no aceptan las subvenciones anónimas de los DAF.

¿Qué impacto podría tener la Ley ACE en las organizaciones benéficas?

A pesar de la buena intención que la Ley ACE tiene con respecto a acelerar los fondos de los donantes hacia las organizaciones benéficas, la política pública implementada por la ley puede ser perjudicial para dichas entidades benéficas.

Prueba de apoyo público

Una organización 501(c)(3) debe satisfacer determinadas pruebas financieras para ser considerada una entidad benéfica pública. En general, la prueba de apoyo público requiere que una entidad benéfica pública demuestre que una tercera parte de las subvenciones que recibe provienen de donantes que donan menos del 2 % de su apoyo total.

Conforme a la Ley ACE, las subvenciones recibidas por una organización de parte de organizaciones que patrocinan DAF ya no serán consideradas subvenciones provenientes de una entidad benéfica pública. En lugar de ello, a menos que se aplique una excepción, las distribuciones de una organización patrocinadora realizadas a una organización benéfica receptora serán tratadas como apoyo recibido de una persona, con lo que se limita la cantidad de la subvención que se puede utilizar para determinar si la organización receptora califica como entidad benéfica pública. Sin embargo, si la organización receptora desea que cada subvención proveniente de un DAF cuente como subvención individual, la organización patrocinadora debe identificar el donante correspondiente al DAF que realiza la distribución.

Si la organización patrocinadora realiza una subvención a una organización receptora usando fondos que no provengan de un DAF y con respecto a los cuales ningún donante tenga privilegios de asesoría, la subvención será tratada como si proviniese de una organización descrita en la sección 170(b)(1)(A) del IRC y no se limitará para los propósitos de comprobar el estado de la organización receptora como entidad benéfica pública.

Esto desincentiva la donación anónima de los DAF a las entidades benéficas públicas, pues limitaría la posibilidad de contar las donaciones anónimas de múltiples DAF como donaciones múltiples. Esto podría perjudicar a las pequeñas organizaciones benéficas nuevas de base que no pueden permitirse contratar personal de desarrollo para monitorear las donaciones, lo que posiblemente provoque que las entidades benéficas pequeñas no aprueben la prueba de apoyo público de un tercio y sean clasificadas como fundaciones privadas. Además, las entidades benéficas públicas cuya misión es sensible o controvertida a menudo recurren a los donantes anónimos para satisfacer sus necesidades. Tales entidades podrían sufrir la reducción de su flujo de fondos debido a este posible cambio de política.

A perpetuidad

Al legar una PF o un DAF de generación en generación para transferir valores, generar una sensación de pertenencia y generosidad ha sido la meta de muchas familias desde hace muchos años. Dejar tal legado puede resultar complicado, pues cada generación tiene una forma distinta de ver la vida, además de diferentes metas, sueños e ideas, al igual que los métodos para lograrlos. La Ley ACE pretende establecer un límite de tiempo con respecto a los legados familiares con base en la creencia que las donaciones perpetuas pueden dificultar el flujo de fondos a las organizaciones benéficas y a las comunidades que necesitan dichas donaciones en este momento. Aun así, se debe considerar la otra parte del argumento: muchas organizaciones benéficas son perpetuas y necesitarán donantes para las próximas generaciones. ¿Por qué no permitir que las familias ahorren fondos de una manera con ventajas fiscales con respecto al apoyo filantrópico futuro?

De manera interesante, es posible que las necesidades y la naturaleza humanas lleven ventaja a la política pública que se encuentra en la Ley ACE. La pandemia de COVID-19 ha sido una época decisiva para muchos y ha mejorado la conciencia sobre las donaciones sin restricciones.

Encontrar nuevas maneras para atraer a la próxima generación de filántropos e incentivar a los donantes para que donen fondos sin restricciones podría ser una manera alternativa para resolver el problema percibido de la perpetuidad.

Desajuste de tiempo

Los esfuerzos de la Ley ACE para resolver el desajuste de tiempo en el sistema actual de donaciones a entidades benéficas ciertamente pueden perjudicar a las mismas organizaciones benéficas a las que los legisladores pretenden ayudar. Al hacer obligatorios los plazos máximos para los DAF y las PF, los donantes simplemente pueden esperar hasta que venza el periodo de retención permitido, lo que obliga a las organizaciones benéficas a esperar por las subvenciones durante la cantidad de tiempo máxima permitida (15, 25 o incluso 50 años).

Además, no resulta exagerado esperar que haya prisa para crear y financiar PF y DAF previo a la promulgación de la Ley ACE para de ese modo “asegurar” las reglas que existen hoy en día. Esta prisa para asegurar las reglas anteriores podría recabar mayores fondos en los DAF y las PF que de otro modo se distribuirían a las organizaciones benéficas operativas en el presente. Por consiguiente, esta legislación no resolvería la responsabilidad de los miembros del personal de desarrollo de las entidades sin fines de lucro.

Por último, las preocupaciones con respecto al desajuste de tiempo entre el momento en que se realiza una deducción de impuestos y el momento en que se realiza una subvención supone que ser un filántropo es un negocio que únicamente es dirigido por las ventajas fiscales que se pueden obtener mediante la donación. Si bien los impuestos pueden ser un factor motivante en la filantropía, definitivamente no son el único factor. El deseo de ayudar a solucionar problemas motiva el trabajo en colaboración con las organizaciones benéficas de las comunidades. Para ayudar a resolver los problemas de nuestras comunidades se necesita más que dinero. Se necesita la colaboración entre donantes individuales, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones con fines de lucro y el gobierno.

Conclusión

Aunque el debate sigue en curso, con respecto a la Ley ACE, las preguntas básicas son las siguientes:

  1. ¿Esta legislación es capaz de lograr sus metas?
  2. ¿Será aprobada tal como fue redactada?
  3. De no ser así, ¿cuáles partes de esta legislación tienen más probabilidades de ser aprobadas ahora y cuáles partes pueden ser aprobadas como parte de otra legislación en el futuro?

Mientras tanto, no queda claro el valor que nuestro sector de organizaciones sin fines de lucro particularmente estadounidense tiene en nuestras comunidades.

La filantropía no va a desaparecer. Aunque no podemos predecir el futuro, es completamente posible que las PF y los DAF se enfrenten a mayores regulaciones. Aun así, en esencia la política pública puede aumentar la alegría de donar en lugar de disminuirla. Independientemente de la legislación que se apruebe para abordar los problemas (ya sean reales o presuntos) involucrados en las donaciones a entidades benéficas, el deseo humano de ayudar, donar y amar probablemente continúe generando capital para solucionar los problemas humanos. De esa manera, estamos viviendo un día a la vez.

Para obtener más información, ponte en contacto con tu asesor de PNC Private Bank Hawthorn.

 

1Morgan Lewis, publicación Accelerating Charitable Efforts Act Introduced (Introducción de la Ley para Acelerar las Iniciativas Benéficas), 11 de junio de 2021, https://www.morganlewis.com/pubs/2021/06/ accelerating-charitable-efforts-act-introduced (consultado por última vez el 20 de octubre de 2021).